Los casos se rigen por la anterior LOT en que los organismos se declaran en desobediencia por falta de sanciones
Los patronos han hecho caso omiso de las providencias administrativas
del Ministerio del Trabajo y de las decisiones de las inspectorías que
ordenan el reenganche a los puestos de labor y el pago de salarios
caídos a 3.500 trabajadores despedidos sin causa justificada.
"Los afectados temen que no se solucione el problema y que los reclamos queden engavetados con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, porque las medidas de reenganche se tomaron dentro de la Ley del Trabajo anterior", informó Froilán Barrios, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.
El representante del Fadess
señaló que la mayoría de los afectados (90% equivalente a 3.150
empleados) fueron despedidos de ministerios, institutos y empresas del
Estado, gobernaciones y alcaldías. En la empresa privada, los
demandantes ascienden a 350 trabajadores."La negativa de los
empleadores es porque se perdió la institucionalidad. En el sector
estatal se declaran en franca desobediencia y no acatan las sentencias
de los tribunales laborales ni las providencias administrativas, incluso
las emitidas por el titular del despacho del Trabajo", afirmó el
sindicalista."Los afectados temen que no se solucione el problema y que los reclamos queden engavetados con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, porque las medidas de reenganche se tomaron dentro de la Ley del Trabajo anterior", informó Froilán Barrios, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.
Explicó que la situación comenzó en 2004 y el trasfondo de la mayoría de los despidos ha sido fundamentalmente ideológico. Está dentro de la línea oficialista de terrorismo laboral a los trabajadores considerados no afectos al proceso del socialismo del siglo XXI, añadió.
A modo de ejemplo, citó varios casos denunciados por los sindicatos como los 150 despidos del Ministerio de Finanzas, a los que sumó la expulsión de 20 trabajadores de Carbonorca, 15 de Petróleos de Venezuela, 30 de Petrocasa y 5 en Ferrominera del Orinoco.
"Aquí no valieron los decretos presidenciales de inamovilidad que garantizan la estabilidad laboral ni la protección del fuero sindical que establece la Ley del Trabajo", dijo.
Indicó que la mayoría de las órdenes de reenganche en el sector privado son de trabajadores despedidos de comercios y pequeñas y medianas empresas, donde no hay convenciones colectivas ni organizaciones sindicales que velen por sus derechos, lo cual posibilita la interrupción unilateral de la relación de trabajo por parte del patrono.
Marcela Máspero, dirigente de la central oficialista Unión Nacional de Trabajadores, señaló que en el sector privado también las grandes industrias y empresas, entre ellas la farmacéutica, bancos y alimentos, despiden al personal y desacatan las órdenes de reenganche y la cancelación de salarios caídos.
En lo que se refiere al desacato en el sector público, la dirigente responsabiliza a la burocracia enquistada en los organismos que enarbolan las banderas del socialismo, pero no son revolucionarios auténticos porque irrespetan los derechos y las luchas de los trabajadores.
Cambio de rumbo. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, Oswaldo Vera, prometió que resolverán los casos de órdenes de reinserción pendientes dentro del marco de la antigua ley laboral porque la nueva ley, vigente desde del 7 de mayo, no tiene carácter retroactivo.
El diputado difiere de lo señalado por Froilán Barrios.
Afirmó que "la mayoría de las órdenes de reenganche corresponden al sector privado porque las multas fijadas en la antigua ley eran muy bajas" y los patronos preferían pagar la multa antes que reincorporar al empleado.
Con relación a la situación en la que los organismos desobedecen las decisiones del mismo Estado, el parlamentario indicó que el grueso de los incumplimientos de las órdenes de reenganche se registra en las alcaldías y gobernaciones, principalmente las de la oposición.
Vera pidió paciencia a los trabajadores que esperan el reenganche porque las inspectorías y tribunales del trabajo atienden de manera simultánea las solicitudes correspondientes a la legislación anterior como a la actual. Agregó que tienen previsto incorporar más personal a las instancias laborales para agilizar las gestiones.
Dijo que desde la puesta en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo se han reducido sustancialmente las denuncias de trabajadores por despido sin causa justificada. Recordó que la legislación prohíbe los despidos y establece multas elevadas y sanciones penales a los patronos.
La Memoria y Cuenta 2011 del Ministerio del Trabajo indica que de 92.824 reclamos recibidos en el ejercicio, 3.575 fueron por terminación de las relaciones de trabajo antes del tiempo acordado por las partes y el despido sin pago de indemnización a trabajadores no protegidos por la inamovilidad laboral.
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